Los negocios discrecionales no pueden estar por encima de las familias santacruceñas

Las recientes declaraciones del diputado Godoy en sus redes sociales encienden una alerta que no puede ignorarse: el presunto uso de recursos del Estado por parte de Sívori, al frente de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), para beneficiar negocios particulares mientras los trabajadores y pequeños productores cargan con el peso de la deslealtad.

No es menor que vecinos de El Calafate con más de siete años de antigüedad hayan quedado sin trabajo, ni que comerciantes y productores enfrenten una competencia que utiliza estructuras estatales, logística y fondos públicos como ventaja ilegítima. Así, cualquiera se viste de “empresario exitoso” a costa de todos.

Santa Cruz reclama transparencia, reglas claras y acompañamiento real a quien genera empleo genuino, no privilegios para unos pocos mientras los trabajadores quedan a la deriva. La denuncia del diputado Godoy —y su exigencia de derogar la SAU— merece atención: cuando un funcionario se enriquece y envía vecinos bajo la lluvia a defender negocios oscuros, la política debe poner el cuerpo.

No se trata de un ataque personal, sino de defender lo público. Por eso, repudiamos la ausencia de Sívori y respaldamos el pedido de poner fin a un modelo que sacrifica familias santacruceñas en el altar de los números.