El Tribunal del "Control Remoto" y el Abismo de la ilegalidad

Una vocal del tribunal de cuentas que cobra lode Santa Cruz MAS DE 12 millones de pesos mensualmente, pero vive en Cordoba...

Sin embargo, lo ocurrido recientemente con la Resolución N° 021-T.C.-26 del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz no solo enciende alarmas por un reglamento aprobado "entre gallos y medianoche", sino que expone una contradicción política y un vacío legal que podría paralizar la administración pública provincial.

El "Pecado Original": Integración Irregular

Lo más grave no es el contenido del reglamento, sino quiénes lo firman. En su voto en disidencia, las vocales Morales, Gaitán y Saul han dejado una bomba de tiempo escrita en papel oficial: advierten un "riesgo de impugnación por una irregular integración del órgano colegiado".

La frase es literal y devastadora. Lo que las disidentes denuncian es que el Tribunal está funcionando bajo una composición que la Constitución no permite, específicamente mediante designaciones "en comisión". Si la cabeza del órgano está mal constituida, el problema ya no es solo el reglamento: es que todo acto, multa o cargo que el Tribunal dicte en adelante nace muerto. Los entes auditados y los funcionarios bajo la lupa ya tienen el argumento perfecto para pedir la nulidad de cualquier investigación.

El factor Villafañe: ¿Controladora a distancia?

En este escenario de fragilidad institucional, el nombre de la vocal Villafañe simboliza la incoherencia del discurso oficial. Quien fuera Secretaria de Estado y asesora directa del gobernador Claudio Vidal, hoy ocupa una silla en el órgano que debe controlar con independencia a ese mismo Ejecutivo.

Pero hay un agravante: la funcionaria reside en Córdoba. Cobrar del erario público de Santa Cruz mientras se vive a miles de kilómetros no es solo un privilegio de la "vieja política"; es una bofetada al ciudadano. ¿Cómo puede alguien auditar la realidad de los municipios del interior santacruceño desde la comodidad del Mediterráneo?

¿Por qué los santacruceños deben pagar el sueldo de una autoridad de control que no pisa el suelo provincial?

¿Qué autoridad moral tiene el Tribunal para exigir eficiencia si su propia estructura se diseña para acomodar asesores con desarraigo?

Un faro que se apaga

Una provincia con un cuadro fiscal exigente requiere un Tribunal de Cuentas que sea un faro de legalidad, no un comité de aprobación exprés. Al ignorar los estándares de procedimiento y forzar una integración cuestionada, el Tribunal ha quebrado su propia legitimidad.

Hoy, el control en Santa Cruz parece haber quedado reducido a un trámite digital gestionado por control remoto, dejando la "soberanía institucional" como una simple cáscara vacía. Las disidencias documentadas son hoy el último resguardo; el resto, es un preocupante retroceso hacia la opacidad y la inseguridad jurídica.